Protección ciudadana ante los drones
Los límites de un dron son aquellos que permita tu imaginación. Captar imágenes y vídeos ya es algo habitual, pero estas pequeñas aeronaves no tienen fronteras. Pueden localizar señales inalámbricas, ver a través de los muros de una casa con sistema de infrarrojos o recibir con micrófonos ultra sensibles todo tipo de sonidos, entre otras muchas opciones. «Ahora, imaginen drones sobrevolando nuestras cabezas y cogiendo datos sin ningún control. ¿A qué a nadie le gusta este panorama? Pues para combatirlo hace falta aplicar un marco de seguridad», ha explicado Emilio Aced, responsable de Estudios Tecnológicos de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), este martes, en una cumbre sobre drones en Madrid.
En España hay registradas 1.668 de estas aeronaves pilotadas con control remoto y más de 2.000 pilotos. Pero estos datos no dejan de crecer. En 2020 se habrá multiplicado por cuatro las ventas de drones, tanto en el ámbito militar como en el civil, y supondrán el 10% del mercado aeronáutico, según los expertos que han participado en la Drone Industry Summit, organizada por la consultora de comunicación Kreab. Ante esta proliferación de aeronaves, la protección de los datos de los ciudadanos se ha convertido en una prioridad, tanto para la Agencia Española de Protección de Datos como para los propios usuarios.
A diferencia de otras tecnologías, el principal riesgo de los drones para la privacidad es su indetectabilidad, según la AEPD: «No son visibles a simple vista, puede haber un dron captando cualquier tipo de señal a 400 o 600 metros y pasan inadvertidos». Para combatir este problema (incumplimiento LOPD drones), los expertos hacen mucho hincapié en el cumplimiento del deber de información, es decir, cualquier ciudadano que esté siendo grabado con un dron tiene derecho a saber que se está captando información suya.
«No es una cuestión de que los proveedores estén dispuestos, es que tienen la obligación legal de proveer esa información», ha asegurado Aced. Sin embargo, en datos facilitados por Francisco Martínez, secretario de Estado de Seguridad, en año y medio se han localizado 150 operadores de drones que iban contra la normativa y 32 están pendientes de que se les abra un expediente regulatorio.
Para proveer esta información valdría cualquier tipo de canal: desde carteles, medios de comunicación y redes sociales hasta folletos para dar cumplimiento a la LOPD drones. Una vez informado, el ciudadano tiene además derechos de acceso a esa información, de cancelación y de oposición para borrar sus datos. Cada año, más de 3.000 personas reclaman a la AEDP alguno de estos derechos.
«La tecnología se ha convertido en algo ubicuo y la gente se está empezando a preguntar qué poder tenemos sobre toda la información que generamos y que deberíamos hacer para tener mayor control», ha considerado Aced, en una entrevista con EL PAÍS. «Tienen que saber que hay una ley que les ampara, que tienen derechos, que no se puede hacer con sus datos lo que se quiera sino que pueden controlarlos».
fuente: El País
